
Panorámica de viñedos junto al Ebro, cuyos meandros conforman algunos de los ‘pagos’ clásicos de Rioja (Fotomás).
La propuesta para la creación y desarrollo de la figura de ‘Vinos de Pago Calificado’ que el Consejo Regulador de Rioja estudió a fondo hace ocho años no consiguió suficientes apoyos y se fue diluyendo hasta quedar en vía muerta. El debate en el seno de las correspondientes comisiones de trabajo sobre el modelo de ‘Vinos de Pago’ que se pretendía para Rioja evidenciaba un amplio consenso respecto al alto nivel de exigencia que requeriría la nueva figura tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo y las dificultades que entrañaba encajarla en el modelo actual de la Denominación. Pero el sector bodeguero mayoritario dejó claro el corto recorrido que podía tener la propuesta en ese momento al poner sobre la mesa que no se trataba de ninguna prioridad para el sector, ya que no consideraban que fuera una exigencia del mercado y su implantación podía generar confusión.
La figura de ‘Vinos de Pago Calificado’ en Rioja ha vuelto al primer plano de actualidad con motivo de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de Ámbito Territorial Supraautonómico que el Gobierno presentó el 19 de septiembre de 2014 en el Congreso. Siete grupos parlamentarios han registrado enmiendas al articulado hasta el pasado 10 de febrero en que finalizaba el plazo. Y nos encontramos con dos posturas diametralmente opuestas de los dos partidos políticos mayoritarios. Una de las once enmiendas del Grupo Popular pide “la supresión del término tradicional ‘Vino de pago calificado’ ya que nunca ha sido solicitado”. Por contra, entre las 21 enmiendas parciales del Grupo Parlamentario Socialista se incluye la propuesta de modificar la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino para incluir una regulación específica para el ‘Vino de Pago Calificado’, como venía “demandando mayoritariamente el sector”, apostilla en su comunicación de la iniciativa. Es una postura a la que se suma el Grupo EAJ-PNV que defiende “el reconocimiento de los pagos vitivinícolas”. Abunda en el asunto UPN con una enmienda sobre el ‘Vino de Pago Calificado’ que pide “corregir lo que cree un error entre los términos tradicionales que indican que el vino está acogido a una DOP o IGP”.
Es preciso señalar que el articulado del Proyecto de Ley a que nos estamos refiriendo incluyó los ‘Vinos de Pago Calificado’ durante toda su gestación, hasta que desapareció del último borrador remitido al sector y finalmente aprobado por el Gobierno. Desde el Consejo Regulador de la D.O. Ca. Rioja se había dado por buena su inclusión durante el periodo de alegaciones y se reclamó a la vista de que había sido eliminado, pues la voluntad mayoritaria del sector es que esta figura, que sí está contemplada en otras denominaciones de origen, también aparezca en la próxima norma reguladora de Rioja, independientemente de cuándo y cómo pueda decidirse su desarrollo. Se trata en definitiva de mantener un criterio básico de igualdad ante la ley de las diferentes zonas vinícolas españolas, de forma que todas puedan disponer de similares herramientas para su desarrollo, pues no debe olvidarse que la Ley 24/2003 de la Viña y el Vino establece el nivel de protección más alto para los vinos de pago, que en el caso de estar ubicados en el territorio de las denominaciones de origen calificadas, como es el caso de Rioja, se definen expresamente como ‘vinos de pagos calificados’. Quizás ahora si está Rioja en el momento oportuno de abordar una innovación de calado como la que representa crear una nueva categoría, pues también el mercado está mucho más maduro. La decisión deben tomarla los viticultores y bodegueros, no los legisladores. (Texto: Javier Pascual / director de La Prensa del Rioja)